Comunidades indígenas de Perú exigen justicia en la región de Puno al conmemorarse un año de la masacre de Juliaca, que dejó 18 civiles muertos y otros heridos cuando protestaban contra el Gobierno de Dina Boluarte pero fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

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La demanda se plantea cuando, a un año de los sangrientos sucesos, las pesquisas avanzan con pies de plomo, por lo que se encuentran en la fase de investigación preliminar, pese a videos, testimonios y peritajes que señalan a la Policía y los militares como autores presuntos de las muertes.

El epicentro de la protesta es la ciudad puneña de Juliaca, donde el 9 de enero de 2023 fueron abatidos 18 manifestantes que asediaron el aeropuerto del lugar, hecho que el Gobierno califica como terrorista, aunque no hay evidencias de que los civiles usaran armas de fuego.

Desde ayer rige, por decreto del Gobierno regional de Puno, un duelo de 48 horas como homenaje a la memoria de las víctimas, agregando además en el tributo a un policía linchado en circunstancias por esclarecer y a seis soldados ahogados cuando cruzaban un río al regresar a su cuartel.

En Juliaca, en el Bypass de la salida a Cusco, se realiza la exposición de los rostros de las víctimas y sus familias en memoria de la pérdida y la resistencia por la masacre del 09 de enero. «Rostros de la protesta», se llama la muestra que lleva las fotos de Omar Lucas.

Un informe de las familias de los caídos atribuye la lentitud de las pesquisas a cinco cambios de fiscales, su centralización en Lima, que obliga, por ejemplo, a familiares y testigos a viajar más de mil kilómetros para declarar en una indagación por presunto genocidio, a la Presidenta Boluarte.

Según el activista puneño de derechos humanos Wilmer Quiroz, la investigación se mantiene en el nivel preliminar pese a a que ya se ha identificado la cadena de mando, que va de los presuntos autores de las muertes a los responsables de mayor nivel.

Demandó incluir a quien era jefe policial de Juliaca, coronel Julio Mauricio Contreras, como exigen las familias de las víctimas, y al jefe del contingente de Operaciones Especiales que actuó en los incidentes del aeropuerto de Juliaca, coronel Juan Pedrera Ruiz.

Sobre las dificultades de acopiar evidencias, Quiroz señaló que durante los luctuosos sucesos dejaron de funcionar las cámaras de vigilancia del municipio y solo hay videos grabados y difundidos por ciudadanos y registros de cámaras privados de vigilancia.

Por su parte, el dirigente puneño Orlando Zanga, manifestó que su presencia en la ciudad de Lima como representante del Comité Resiste Juliaca, se debe a la necesidad de alzar la voz como arma de protesta.

«A un año no hay ningún detenido, sabiendo que en todos estos actos de investigación, en las necropsias, hemos visto que nuestros hermanos han fallecido asesinados por impactos de bala», aseguró en entrevista a la multiplataforma informativa teleSUR.

Zanga aseguró que su presencia en la capital peruana tiene como objetivo formar parte de la movilización para conmemorar a los «18 hermanos mártires de la democracia de la ciudad de Juliaca y poder exigir justicia».

Asimismo, destacó su desacuerdo ante la estigmatización y discriminación que sufren los manifestantes como violentos por parte del Gobierno.

«Acá las hermanas que usted ve a mi costado son comerciantes, se dedican a la chacra, y ellos no pueden ser terroristas, no usan armas ni pueden sembrar el terror. Lo único que en Juliaca se ha hecho, es hacer uso de la defensa de la democracia, por lo que 18 hermanos han sido cruelmente asesinados», indicó.

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